Una propuesta desde el Frente Amplio para paliar la crisis después del sistema frontal.
Un sistema frontal de alta intensidad afecta desde el 14 de julio de 2026 a diez de las dieciséis regiones del país, provocando aluviones, inundaciones, cortes de suministro eléctrico y de agua potable, y la destrucción o daño mayor de cientos de viviendas. El Gobierno ha decretado estado de catástrofe en las regiones de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama, y estado de emergencia preventivo en otras zonas del centro y sur del país, entre ellas Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Esta emergencia se produce, además, en un contexto de rebajas presupuestarias que han impactado negativamente nuestra capacidad de gestión, obligando en muchos casos a redistribuir recursos originalmente destinados a necesidades urgentes hacia áreas como salud o educación, lo que limita aún más la capacidad de los municipios de responder ante catástrofes de esta magnitud. A esto se sumará la disminución de ingresos municipales consecuencia de la mega reforma, respecto de la cual aún el gobierno no ha clarificado cómo se compensará la pérdida de ingresos que dicha exención generará en el Fondo Común Municipal, afectando la sostenibilidad financiera de los municipios hacia el futuro.
A lo anterior, se suma la falta de claridad respecto de las medidas de apoyo directo a las familias afectadas. El Gobierno ha anunciado beneficios tributarios para los damnificados de algunas comunas, sin que existan hasta ahora criterios públicos y homogéneos que permitan entender por qué otras comunas con niveles de daño similares o incluso mayores quedan excluidas de dichas ayudas. Esta falta de definiciones generales genera desigualdad de trato entre vecinos que enfrentan la misma emergencia, dificulta la labor de los municipios para orientar a la comunidad, y erosiona la confianza de la ciudadanía en la respuesta del Estado. Por ello, solicitamos que cualquier medida de apoyo directo a las personas se defina con criterios técnicos y objetivos, de aplicación nacional a todas las zonas bajo estado de excepción o emergencia, y que sea comunicada de manera oportuna y uniforme a la totalidad de los municipios afectados.
Es urgente que el Gobierno Central actúe con rapidez para que las personas afectadas tengan certeza de los apoyos con que contarán, y que las autoridades locales podamos trabajar de manera expedita y eficaz en ayuda de nuestros vecinos. La demora en la adopción de medidas produce situaciones muy difíciles de explicar a la ciudadanía y genera una tremenda frustración al constatar que el Estado no llega a tiempo con las acciones requeridas, o que existe discrecionalidad en las medidas adoptadas.
Frente a esta emergencia, alcaldesas y alcaldes proponemos al Gobierno del Presidente José Antonio Kast que se desarrollen medidas concretas y urgentes de apoyo a las familias, al sector productivo y a los municipios afectados. Solicitamos al Gobierno central la implementación inmediata del siguiente paquete de medidas.
1. Extensión del Bono de Recuperación a todas las comunas con hogares afectados
Extender el Bono de Recuperación a todos los jefes y jefas de hogar con vivienda y/o enseres afectados por las lluvias e inundaciones, que cuenten con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) aplicada, en todas las comunas y regiones con afectación por el frente climático, y sin distinción de si el afectado es propietario, arrendatario o se encuentra en situación de tenencia irregular, dado que se trata de una ayuda para recuperar condiciones de habitabilidad y no una medida de reconstrucción o recuperación patrimonial de la vivienda.
Se trata de una ayuda económica de libre disposición, pagadera por única vez por grupo familiar mediante transferencia a la Cuenta RUT o cobro presencial en BancoEstado, orientada a recuperar condiciones de habitabilidad, enseres, vestuario u otras necesidades urgentes.
Tramos propuestos según nivel de afectación:
- Tramo 1: Afectación baja: $375.000
- Tramo 2: Afectación media: $750.000
- Tramo 3: Afectación alta: $1.125.000
- Tramo 4: Afectación muy alta: $1.500.000
La nómina de beneficiarios debe levantarse a partir de la aplicación de la FIBE en cada comuna afectada, con un compromiso de pago de la primera nómina dentro de los primeros diez días desde el término del temporal.
2. Reparación y reconstrucción de viviendas con daño parcial
Entregar apoyo económico destinado a la autoconstrucción, pagadero en cuotas mensuales sucesivas, orientado exclusivamente a la compra de materiales de construcción en comercios del rubro. Los recursos se podrán depositar directamente en la Cuenta RUT o a través de un Bolsillo Electrónico de Banco Estado a las personas beneficiarias, evitando intermediarios y facilitando su uso inmediato.
El monto y el calendario de pago deben ser definidos por el Ministerio de Interior, considerando la magnitud del daño acreditado y procurando que el primer desembolso se realice a la brevedad posible una vez acreditada la condición de damnificado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Este beneficio deberá complementarse con asistencia técnica municipal, mediante equipos de arquitectos, constructores u otros profesionales que orienten a las familias en la correcta ejecución de las obras, para lo cual el Gobierno Central deberá inyectar los recursos necesarios a los municipios que así lo requieran, de manera de no recargar dicha labor sobre presupuestos municipales ya comprometidos por la emergencia.
3. Habitabilidad transitoria para familias con vivienda destruida
Garantizar una solución de habitabilidad transitoria a todo grupo familiar que haya perdido su vivienda o cuyo terreno se encuentre en zona de riesgo, mediante alguna de las siguientes alternativas, según la factibilidad técnica del sitio:
- Vivienda de emergencia instalada en el mismo terreno o en sitio cedido si el terreno no es apto o constituye zona de riesgo.
- Bono de arriendo transitorio, para familias que opten por arrendar mientras se resuelve su situación habitacional definitiva.
- Bono de acogida, transferido directamente al jefe o jefa de hogar identificado en la FIBE, para que puedan ser acogidos en el hogar de otra persona mientras se resuelve su situación habitacional definitiva.
En todos los casos que impliquen transferencia monetaria, el pago debe realizarse directamente a la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar acreditado en la FIBE, sin intermediarios.
4. Apoyo al sector agrícola, ganadero, pesquero artesanal y productivo
Implementar medidas de apoyo al mundo rural y productivo de las zonas afectadas, entre ellas:
- Limpieza y rehabilitación urgente de canales de riego dañados por el barro y los sedimentos, priorizando a organizaciones de pequeños agricultores sin recursos propios para iniciar las obras.
- Entrega de forraje y alimento para animales a pequeños productores agrícolas y apicultores, sean o no usuarios de INDAP.
- Catastro rápido de canales, cercos, praderas e infraestructura predial afectada, para dimensionar el daño y proyectar los costos de rehabilitación.
- Alivios tributarios y condonación de pago de créditos INDAP y seguros agrícolas para productores de las comunas declaradas en emergencia.
- Apoyo a caletas y pescadores artesanales afectados mediante la reposición de embarcaciones menores, motores y aparejos de pesca dañados o perdidos por marejadas e inundaciones, y catastro rápido de la infraestructura portuaria y caletas dañadas.
5. Apoyo a emprendedores y pequeñas y medianas empresas
Otorgar apoyo directo a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de las zonas afectadas, mediante:
- Confección de un catastro a cargo de la SEREMI de Economía respectiva, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social.
- Transferencias directas o subsidios a la retención laboral para empresas que hayan sufrido daño en su infraestructura o pérdida de mercadería.
- Beneficios tributarios para todas las MIPYMES afectadas, mediante la condonación de multas e intereses, ampliación de plazos para el pago de IVA y PPM.
- Facilidades de pago con la banca estatal mediante la postergación de cuotas de créditos comerciales e hipotecarios y renovación automática de líneas de crédito para las MIPYMES afectadas.
- Habilitar línea especial de créditos blandos y garantías estatales, a través de CORFO y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), destinadas a financiar la reposición de capital de trabajo, maquinaria e infraestructura productiva de emprendedores, pymes y productores agrícolas y pesqueros afectados.
6. Activación de PMU y PMB de catástrofe para recuperación de infraestructura y asistencia técnica a municipios
Activar de inmediato las líneas de emergencia y catástrofe del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), administrados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), para financiar a los municipios afectados asistencias técnicas, obras rápidas de limpieza, habilitación y reparación de espacios públicos, vialidad urbana, sistemas de evacuación de aguas lluvias, equipamiento comunitario o equipamiento de salud dañado.
- Apertura inmediata de un llamado especial PMU/PMB de emergencia para todas las comunas con decreto de catástrofe o emergencia vigente.
- Agilización de los plazos de evaluación y aprobación de proyectos, en atención a la naturaleza de la emergencia.
7. Utilizar los mecanismos presupuestarios ya disponibles para el financiamiento de la emergencia y suplementar los recursos municipales
Hacer uso de los instrumentos legales vigentes que permiten la transferencia expedita de recursos para situaciones de emergencia, evitando la necesidad de tramitar nuevas leyes o glosas presupuestarias que retrasen la entrega de ayuda. En particular, la glosa 06 (anterior glosa 07) de la Partida 05 del presupuesto de la Subsecretaría del Interior de la Ley de Presupuestos del Sector Público dispone que los recursos del Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 002, pueden ser transferidos para financiar situaciones de emergencia, emergencia ambiental o gastos no previstos, correspondiendo su definición a las autoridades superiores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o de la Subsecretaría del Interior.
Cabe destacar que, durante las emergencias ocurridas en 2024, esta misma glosa permitió financiar recursos directos a los municipios afectados, por lo que dicho mecanismo podría replicarse en la presente emergencia para agilizar la entrega de recursos a los municipios que hoy enfrentan la catástrofe.
Solicitamos que dicha facultad sea utilizada de inmediato para financiar las medidas contenidas en este paquete, sin esperar la tramitación de nuevas asignaciones presupuestarias.
Junto con la respuesta a esta emergencia, las alcaldesas y alcaldes hacemos un llamado al Estado a avanzar decididamente hacia la construcción de infraestructura permanente de prevención y mitigación de riesgos y desastres, y no quedarse solo en la reacción una vez ocurrida la catástrofe. Cada año Chile enfrenta más eventos climáticos extremos, y ya no podemos tratarlos como excepciones aisladas, sino como parte de un patrón que se repite con fuerza creciente. Es responsabilidad del Estado invertir en obras de mitigación, entre ellas el encauzamiento de ríos y quebradas, la construcción de evacuadoras de aguas lluvias, la estabilización de laderas, sistemas de alerta temprana y la actualización de la planificación territorial en zonas de riesgo, de modo de reducir el daño antes de que ocurra, en lugar de concentrar los recursos únicamente en la reconstrucción posterior. Solicitamos al Gobierno un plan nacional de infraestructura de prevención, con financiamiento plurianual y participación de los municipios y gobiernos regionales, que permita a nuestras comunas enfrentar de manera más segura y menos costosa los próximos eventos climáticos.